Los sindicatos del Área Pública
de Madrid de CCOO y UGT, y los sindicatos CSIF, CSIT Unión Profesional,
Amyts, USAE, ANPE y SETEM han convocado una nueva manifestación el 30
de octubre a las 18.30 horas desde Neptuno hasta la Puerta del Sol para
protestar contra los recortes del Gobierno.
Rueda de prensa en la sede de CCOO de Madrid.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, Santiago Tamame, ha animado no sólo al funcionariado a participar en la manifestación, sino a toda la ciudadanía, ya que el Gobierno está llevando a cabo "medidas que persiguen un recorte generalizado".
La portavoz del sindicado Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT-UP), Yolanda Alonso, ha manifestado que "se está desprestigiando el papel de los sindicatos y se están llevando a cabo medidas en las que no existen fuentes de ingresos". Por ello, y porque "las empleadas y los empleados públicos no pueden apretarse más el cinturón", su sindicato se ha unido a la convocatoria.
El secretario de Organización de CSIF en Madrid, Pedro Poves, ha explicado al Gobierno que los sindicatos "algo" saben de administración y de función pública. "Lo que pedimos es un pacto de Estado para la modernización de la Administración, dentro de la defensa de lo público", ha añadido.
Por su parte, el presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha apuntado que esta manifestación es un "acto de protesta unitario de todos los funcionarios y funcionarias en contra de los recortes". Además, ha recordado que la Educación madrileña "está afectada de forma muy enfática por los recortes".
El vicesecretario de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Gabriel del Pozo, ha señalado que su asociación se une a la convocatoria del 30 de octubre porque el Gobierno "siempre ha recortado a los mismos" y ha dicho que espera que sea "de todos los funcionarios y funcionarias de la Comunidad de Madrid".
"Siempre nos han ido recortando a los mismos por la vía fácil. No piensan en lo que se necesita ni cómo ahorrar en otras partidas. Sospechamos que se van a perder profesionales en la Sanidad madrileña a 31 de diciembre", ha subrayado Del Pozo.
Por último, a la convocatoria se ha unido también el Sindicato de Enfermería (SATSE Madrid), cuyo portavoz, José Manuel Freire, ha indicado que "ya no sólo preocupan los recortes salariales, sino ese oscuro panorama en cuanto a poder prestar servicios sanitarios de forma óptima y aceptable".
MANIFIESTO CONJUNTO:
POR EL EMPLEO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS: NO A LOS
RECORTES
Desde hace varios años España está
soportando una crisis económica que ha sido gestionada de manera deficiente por
los sucesivos responsables políticos. Con el pretexto de cumplir con el objetivo de déficit público impuesto
por la Unión Europea, los diferentes Gobiernos del Estado y de las Comunidades
Autónomas, y muy especialmente el de la Comunidad de Madrid, están tomando
medidas drásticas de recorte del gasto que, de una parte
afectan a la prestación de los propios servicios públicos (entre otros, la
educación, la sanidad, los servicios sociales, o la protección por desempleo)
y, de otra, a los derechos de los empleados públicos. En paralelo los intereses
privados aspiran a gestionarlos, pues ven en ellos una enorme oportunidad de
negocio.
La
principal seña de identidad del modelo construido durante más de treinta años
de democracia en España es la respuesta a las necesidades sociales por parte de
los poderes públicos y la articulación de sistemas obligatorios de protección,
entre los que destacan la Seguridad Social, la educación, la sanidad, los
servicios sociales, la justicia, los transportes, los medios de comunicación,
la cultura, el medio ambiente o la seguridad ciudadana. A lo largo de las
últimas décadas hemos ido avanzando en la universalización de los derechos a toda
la población, cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel
destacado.
La
privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo,
deterioran su calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados
públicos (marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación
colectiva), quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y ponen
en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es
más grave en una etapa de crisis económica aguda, en la que los servicios
públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión
social y en la que tanto el gasto como el empleo públicos son decisivos en la
dinamización de la economía.
Las
medidas adoptadas por las diferentes administraciones han aumentado las tasas
universitarias, en algunos casos por encima del 60%, han incrementado la
participación de los ciudadanos en el pago de las medicinas, obligan al pago
del transporte no sanitario, reducen las
ayudas que las familias reciben para el cuidado de personas mayores o
dependientes, encarecen la justicia, etc.
Además,
se ha incrementado la jornada laboral de los empleados públicos, lo que ha
supuesto que tan solo en la Comunidad de Madrid se hayan perdido más de 12.000
puestos de trabajo, se ha eliminado la mejora en caso de Incapacidad Temporal y
se han reducido los salarios. Con la eliminación de la paga extraordinaria en
2012 se habrá acumulado una reducción salarial de más de un 20% en poco más de
dos años. Todo ello enmarcado en una campaña de descrédito de la
labor y profesionalidad de los empleados públicos.
En
la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional está llevando a cabo una política
de recortes injustificados, por cuanto se producen en paralelo al incremento del
presupuesto que financia a los servicios que han sido externalizados, y que
afectan muy negativamente al empleo y a la calidad de la prestación de los
servicios públicos. El sistema educativo, la sanidad, la asistencia a los
mayores y a las personas dependientes, menores, la administración de justicia,
el medio ambiente, los servicios públicos de empleo, la lucha contra el fraude
fiscal, la atención al ciudadano, los servicios de emergencias y protección
ciudadana, los transportes y medios de comunicación públicos están sufriendo
sus consecuencias.
Los
importantes recortes en la educación pública han supuesto la pérdida de 4.500 profesores/as en los dos
últimos cursos, la drástica reducción de las becas de comedor y de las ayudas
para libros de texto, lo que incide en un nuevo retroceso en la equidad y deja
a las familias más desfavorecidas en una situación crítica. Por otro lado, el
incremento de tasas supone una traba al efectivo ejercicio del derecho a la
educación, ya que expulsa del sistema educativo a los sectores más
desfavorecidos, ya sea en la educación infantil, en la FP de grado superior o
en la universidad, generando además una quiebra en el capital humano que va a
lastrar el desarrollo económico y social.
En
el sector universitario los continuos recortes están provocando que las
universidades tengan dificultades para implantar el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y están deteriorando las condiciones laborales del
personal docente e investigador así como las del personal de Administración y
Servicios. Sólo con una financiación adecuada se podrá garantizar el acceso a
la Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo largo de toda su vida y en
igualdad de oportunidades.
En
la sanidad pública los recortes han supuesto la pérdida de más de 5.000 puestos
de trabajo, el cierre de centros y servicios sanitarios, y la sobrecarga de
trabajo de los que permanecen en el sistema, con el consiguiente empeoramiento
en la calidad de la prestación, un notable incremento de las listas de espera quirúrgicas,
diagnósticas y de consulta, y la disminución del tiempo de atención al paciente
en los centros sanitarios.
En los
servicios sociales los recortes presupuestarios han dejado sin puesto de
trabajo a más de 1.000 personas, 500 camas vacías en las residencias públicas
para personas mayores y se han eliminado numerosos programas de atención a la
infancia, lo que dificulta muchísimo la integración de los menores en riesgo de
exclusión social.
Todos
estos recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios
públicos que lleva a cabo el Gobierno Regional, como hemos visto en la
Educación Infantil, en las residencias para mayores y ahora con la pretensión
de privatizar los servicios no sanitarios extinguiendo 26 categorías
profesionales. Esta política amenaza también a empresas públicas emblemáticas
como el Canal de Isabel II, Radio-Televisión Madrid o Metro de Madrid.
Quienes
suscribimos este manifiesto expresamos nuestro absoluto rechazo a las medidas
adoptadas por los Gobiernos de Estado y de la Comunidad de Madrid, no nos
resignamos a sufrir un enorme retroceso en materia de derechos y de cohesión
social, y defendemos el Modelo Social Europeo como mejor garantía para el
desarrollo económico y social.
Los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 han derivado a las Comunidades
Autónomas toda la presión para conseguir los objetivos de déficit marcados. El
descenso de los ingresos en 2013, a lo que hay que sumar una diferencia de
1.000 millones de euros en el sistema de financiación autonómica, no
reconocidos por el Estado, abocan a la Comunidad de Madrid a un presupuesto,
para 2013, difícil y complicado en el que, desgraciadamente, el sector público
y sus trabajadores sufrirán nuevos recortes.
Podemos
entender la necesidad de realizar ajustes económicos, pero instamos a los
responsables políticos a buscar vías alternativas para reducir el déficit
público que apunten a las verdaderas causas del déficit, el paro y la deuda
pública en nuestro país, realizando una administración justa y eficiente de los
recursos, en lugar de agravar la situación con recortes de gastos sociales y el
deterioro de las condiciones laborales de los empleados públicos.
EL DÍA 30 DE
OCTUBRE, A LAS 18,30 h., MANIFESTACIÓN DE NEPTUNO A SOL
