CCOO presenta recurso ante la
Audiencia Nacional por la ausencia de negociación en Función Pública
El Área Pública de CCOO ha presentado ante la Audiencia
Nacional recurso contencioso-administrativo denunciando la ausencia de proceso
negociador respecto de la aplicación del incremento de las retribuciones del
personal al servicio de las Administraciones Publicas.
Las tres federaciones que conforman el Área Pública de
Comisiones Obreras (Federación de Servicios a la Ciudadanía, Federación de
Enseñanza y Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios) han presentado
recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la
decisión de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de no abrir
un proceso de negociación respecto de la aplicación del incremento de las
retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas a
introducir en el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Esta decisión del Gobierno fue incluso difundida a los medios
de comunicación antes del inicio, el 26 de septiembre, de la reunión de la Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas en donde se informó de
la decisión, ya adoptada, a las organizaciones sindicales presentes en la
misma.
Para CCOO, entendido el proceso negociador, en palabras del
Tribunal Supremo, “como un proceso que ha de venir marcado por una intención
proactiva de alcanzar acuerdos”, al desatender la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas las peticiones de los sindicatos de convocar reuniones
para negociar la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, -materia expresamente prevista en el
Estatuto Básico del Empleado Público como materia de obligada negociación-, y
citar únicamente a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General
de Negociación de las Administraciones Públicas para meramente informar de que
no se va a abrir un proceso de negociación al respecto -y ello después de haber
difundido ya esa información a los medios de comunicación-, supone una
vulneración flagrante del derecho fundamental a la libertad sindical, en su
faceta de negociación colectiva, y que el Área Pública de Comisiones Obreras no
puede dejar pasar en su defensa de los intereses profesionales y económicos de
todos las empleadas y empleados públicos.
