Sección Sindical Estatal de CC.OO. en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Reunión con la Secretaría de Estado

Reunión con la Secretaría de Estado.

El pasado 4 de junio se puedo concretar la reunión comprometida con la Secretaría de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, con una representación de CC.OO., en la misma también participó la Secretaría General de FOGASA, Juan Carlos Arce.

No vamos a repetir los motivos que justificaban este encuentro. Nadie parece dudar de la grave situación que se padece en el Fondo de Garantía Salarial. El retraso que se acumula, más de 154.000 expedientes y al menos un año de demora en la gestión de prestaciones en un buen número de ámbitos geográficos son datos incuestionables. A ello es necesario unir las graves deficiencias que se manifiestan a nivel de representación jurídica en donde FOGASA no alcanza a participar más allá del 30% de los juicios en donde debería estar presente. Y las consecuencias que todo ello tiene sobre las condiciones de trabajo de la plantilla.

El planteamiento de CC.OO., con el apoyo de este tipo de datos, es claro: Necesidad de abordar un plan de choque con incorporación de efectivos de carácter temporal para dar salida a la acumulación de solicitudes existentes. Junto con la configuración de un plan de futuro capaz de colocar la gestión del Fondo en un plano razonable y satisfactorio. Soluciones para el atraso acumulado y para la representación jurídica del organismo, sin olvidar medidas concretas de reconocimiento del esfuerzo que está realizando la plantilla actual que conllevarían la creación de un verdadero programa de productividad por objetivos y una mejora del servicio con la participación voluntaria de la plantilla en una jornada de tarde de carácter retribuido.

La Secretaría de Estado comparte la propuesta de solución pero con un matiz nada despreciable. Su plan de choque tendría como base la externalización de servicios a través de la contratación de la empresa TRAGSA que sería la que se encargaría de dar salida al atraso que hoy se acumula en el organismo. La cuestión de la representación jurídica quedaría ligada a la posibilidad de construir niveles de colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado, un aspecto que se está demostrando especialmente complicado.

La divergencia es fundamental. La Secretaría de Estado reconoce el error que supuso la presentación del plan de viabilidad en el mes de febrero pero no cuestiona sus contenidos. El error lo circunscribe al modo de consensuarlo y de presentarlo pero no a las orientaciones del mismo. Con todo, renuncia a dicho plan aunque insiste en plantear una actuación en dos fases:

a) Una inicial que conlleva la contratación de la empresa TRAGSA para sacar el atraso.

b) Otra consistente en realizar el diseño de organismo necesario para dar salida a la gestión que recae sobre el mismo superando los déficit estructurales que hoy se manifiestan, todo ello con plantilla y medios propios.

Los argumentos que se plantean desde CC.OO. para desaconsejar la utilización de los servicios de TRAGSA son numerosos: Una solución que nos hipoteca a futuro por el clientelismo que genera, un parche que no va a ser capaz de responder ni al atraso ni a la normalización de la gestión de Fogasa, un coste económico sensiblemente superior con independencia del empeño de la Secretaría general del Organismo en demostrar lo contrario. Combaten con vehemencia este último aspecto y vienen a manifestar un gasto de alrededor de 1,2 millones de euros para sacar el atraso existente.

La discusión en este apartado corrió peligro de embarrancar ante la cerrada posición que mostraba la Secretaría de Estado. Fue necesario recordar el nivel de vacantes existentes en el organismo, las posibilidades de incorporación de efectivos que abre el EBEP en su artículo 10 y las afirmaciones efectuadas por la representación de Función Pública durante los procesos de negociación de los dos últimos Reales Decreto de Oferta de Empleo en donde sus responsables, sin sonrojarse, venían a indicarnos que nada sabían de las dificultades por las que atravesaba el Fondo de Garantía Salarial porque nada se les había traslado desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Finalmente, la Secretaría de Estado de Empleo asume el compromiso de actuar previamente ante Función Pública y determinar cuales son las posibilidades de solución que desde dicho ámbito es posible construir. No renuncia a la utilización de TRAGSA pero está dispuesta a modular su utilización e incluso a prescindir de la misma, en función de los efectivos que pudiesen ser autorizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública. En una próxima reunión se hará conocer el resultado de esta gestión y valorar lo que cabe construir desde dicho punto.

Veremos lo que da de si la actuación ante Función Pública pero no nos engañemos, la amenaza de externalización de la actividad sigue estando claramente presente y con ello todas las amenazas o incertidumbres que ello conlleva a la hora de garantizar un servicio público de calidad y a la hora de garantizar las condiciones de trabajo y el futuro de la plantilla que hoy pertenecemos al Fogasa.

Os seguiremos informando.