Función Pública y la vigilancia de la Salud

Función Pública y la vigilancia de la Salud

Tras un esfuerzo titánico, Función Pública, ha sido capaz de poner en el foco de su atención la Vigilancia de la Salud de los trabajadores y trabajadoras de la AGE.

La primera conclusión, y menos mal, es que la Administración debe garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de su plantilla en función de los riesgos inherentes al trabajo.

¡Uf! Menos mal. Aunque algunos y algunas responsables de la Administración le han pillado gusto a la redacción y lo de la periodicidad les permite pegarse cuatro o cinco años con la vigilancia pendiente de realizarse. Pregunten a la plantilla del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o a la de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Más allá de esa primera afirmación el informe realizado se columpia con un cierto peligro:

a) Primero sale a relucir el gasto de 5 millones de euros que supone la realización de los reconocimientos médicos aunque reconoce que ello es así porque solo el 12% puede hacerse con medios propios.

b) Por otro lado nos dicen que los reconocimientos tienen muy poca eficacia a la hora de controlar la salud de trabajadores y trabajadoras. Los reconocimientos son poco específicos. ¿Porqué? Según interpretan lo que debería controlarse son aquellos riesgos que se desprendiesen de la evaluación y no los chequeos generales (la expresión es de Función Pública) que ahora se realizan.

c) Lo que el ciclo sea anual tampoco lo termina de entender Función Pública. El motivo no queda especialmente claro pero deja entrever que si la revisión debe estar vinculada a los riesgos detectados en la evaluación, el régimen temporal podría ser otro.

d) Hay contradicciones de bulto. Defienden las reconocimientos muy específicos, pegados a las realidades de cada uno de los puestos pero defienden la necesidad de revisar la forma en que se realizan y se ejecutan los contratos de vigilancia de la salud. En cualquier caso, lo que domina la reflexión es la cuestión de coste.

e) Por último citan una dificultad que está apareciendo relacionada con la construcción de la historia clínica del trabajador o trabajadora derivada de que cada año se le adjudica a una empresa diferente. En este apartado debemos estar de acuerdo pero además, indirectamente, está reconociendo que el reconocimiento es anual.

Las alternativas y propuestas están sin realizar pero de los títulos que se proponen fácilmente se puede concluir que lo que realmente domina en la intención de Función Pública es la búsqueda de fórmulas que abaraten el coste.

Estamos ante un estudio de parte, realizado exclusivamente en el seno de la Administración y necesariamente, en algún momento deberá terminar en la mesa de negociación. Veremos finalmente cuales son las propuestas pero no vamos a permitir que se pretenda jugar con la salud de las trabajadoras y trabajadores de la AGE devaluando más aún el sistema de vigilancia de la salud.

Un saludo.