LAS PUERTAS GIRATORIAS DEL MEYSS
Cuando éramos niñas nos
encantaba entrar cuando nos dejaban, ya que no podíamos hospedarnos ni por
asomo, en los lujosos hoteles con aquellas preciosas y elegantes puertas giratorias
en la que nos sentíamos transportadas a un inalcanzable mundo lleno de glamour.
Pero como la vida pasa, cuando
nos hicimos adultas descubrimos que las puertas giratorias representaban otro
mundo muy alejado de los sueños infantiles. Un concepto en el que los intereses
públicos se pueden contraponer éticamente con los privados; donde se puede
confundir la salvaguarda de aquéllos con la información relevante y sensible
obtenida por las organizaciones privadas sobre el funcionamiento de las unidades
administrativas. Un conflicto, en bastantes ocasiones, de difícil resolución y
que en otras perjudica gravemente a lo público, como los informativos, las
fonotecas y las hemerotecas se obstinan en recordarnos cada día.
Una cultura socio-política como
la imperante en la que en demasiadas ocasiones los/as funcionarios/as máximos
responsables de servicios públicos importantes socialmente hablando pasan sin
pudor y sin solución de continuidad a empresas privadas muy estrechamente
relacionadas con el ejercicio del cargo del que se cesa voluntariamente,
(bufetes muy prestigiosos de abogados, despachos de asesoría muy influyentes,
etc.), y cuando la coyuntura política cambia vuelven a las responsabilidades
públicas precedentes o análogas.
La norma sobre incompatibilidades
es muy precisa: “, (art. 12 de la Ley 53/1984): “en todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta
Ley no podrá ejercer las actividades siguientes: el desempeño
de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta
propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los
asuntos en que (…) haya intervenido en los dos últimos años”.
Cualquier funcionario que sea autoridad pública y haya
tenido responsabilidades relevantes en el MEYSS es razonablemente factible que
haya intervenido en asuntos de numerosas empresas, algunas de ellasmuy
importantes, a las que ahora su entidad privada asesora: ¿qué mecanismos
reales, efectivos y externos, excluyendo la ética individual, hay para controlar
la “contaminación” y el trasvase de información que pudiera producirse
supuestamente de los cargos públicos hacia las empresas a las que prestan sus
servicios?; ¿cuál es el límite ético entre el ejercicio de una actividad de
asesoramiento legal en el ámbito privado y la información muy sensible,
relevante y muy amplia que se conoce sobre todas las empresas en el ejercicio
de la autoridad pública que se ha desempeñado previamente?
Mientras esperamos respuestas a
estas preguntas, nosotras seguiremos evocando el dulce recuerdo de las puertas
giratorias de nuestra lejana infancia…
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