lunes 29 de diciembre de 2014
La sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un auto por
el que plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante la eliminación
de la paga extra de diciembre de 2012 al personal funcionario de la
Administración de Justicia, por suponer una privación de un derecho ya
devengado en su totalidad cuando se publicó la reforma de la LOPJ.
El auto (sobre un recurso de un
funcionario de la Administración de Justicia del Tribunal
Constitucional) abre el camino definitivo para que sea devuelta, a todo
el personal de la Administración de Justicia, el cien por cien de la
paga extra de diciembre de 2012, suprimida por el Gobierno.
La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo se fundamenta en los efectos "retroactivos ablatorios (porque produce menoscabo de derechos) de una retribución ya perfecta y devengada, con un caso de retroactividad auténtica contraria al artículo 9.3 de la Constitución".
Dicho artículo 9.3 de la Constitución española expresa nítidamente que las normas sancionadoras o restrictivas de derechos no pueden tener efectos retroactivos (“artículo 9.3 de la Constitución: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”), y no admite interpretación, por mucho que lo intente el Gobierno.
Como numerosos compañeros y compañeras, CCOO y otras organizaciones, venimos formulando en las numerosas demandas judiciales interpuestas para la recuperación del cien por cien de la paga extra de diciembre de 2012, ni fue justa la supresión de ninguno de esos derechos, ni tampoco fue legal hacerlo, porque dicha paga extra de diciembre de 2012 ya había sido devengada en su totalidad (devengo de la misma hasta el 30 de noviembre de 2012) cuando se publicó la reforma de la LOPJ (28 de diciembre de 2012) que lo establecía.
CCOO considera que la persistencia de esta misma tesis por varios juzgados de diferentes ámbitos territoriales, y ahora incluso en este auto por el mismo Tribunal Supremo (sala de lo Contencioso-Administrativo), pone en cuestión al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas (CCAA) con competencias, y les obliga a devolver de oficio a todo el personal de la Administración de Justicia de toda España, la totalidad de la paga extra suprimida de diciembre de 2012.
CCOO vuelve a exigir al ministro Catalá y a todas las CCAA con competencias transferidas la devolución inmediata, y a todo el personal de la Administración de Justicia de toda España, de la totalidad de dicha paga, y les emplaza, en caso de no hacerlo de inmediato, a dar las explicaciones de los motivos por los que incumplen sistemáticamente la Constitución cuando se llenan la boca en defenderla públicamente cuando jamás la cumplen cuando su observancia pone sus oscuros intereses al descubierto.
Este auto pone de manifiesto con mayor contundencia la hipocresía del Gobierno cuando anuncia la miserable devolución del 24,04% de dicha paga en 2015
¡Por la restitución de todos nuestros derechos!
¡Recuperemos todos los derechos que nos han robado los gobiernos desde 2010!
La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo se fundamenta en los efectos "retroactivos ablatorios (porque produce menoscabo de derechos) de una retribución ya perfecta y devengada, con un caso de retroactividad auténtica contraria al artículo 9.3 de la Constitución".
Dicho artículo 9.3 de la Constitución española expresa nítidamente que las normas sancionadoras o restrictivas de derechos no pueden tener efectos retroactivos (“artículo 9.3 de la Constitución: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”), y no admite interpretación, por mucho que lo intente el Gobierno.
Como numerosos compañeros y compañeras, CCOO y otras organizaciones, venimos formulando en las numerosas demandas judiciales interpuestas para la recuperación del cien por cien de la paga extra de diciembre de 2012, ni fue justa la supresión de ninguno de esos derechos, ni tampoco fue legal hacerlo, porque dicha paga extra de diciembre de 2012 ya había sido devengada en su totalidad (devengo de la misma hasta el 30 de noviembre de 2012) cuando se publicó la reforma de la LOPJ (28 de diciembre de 2012) que lo establecía.
CCOO considera que la persistencia de esta misma tesis por varios juzgados de diferentes ámbitos territoriales, y ahora incluso en este auto por el mismo Tribunal Supremo (sala de lo Contencioso-Administrativo), pone en cuestión al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas (CCAA) con competencias, y les obliga a devolver de oficio a todo el personal de la Administración de Justicia de toda España, la totalidad de la paga extra suprimida de diciembre de 2012.
CCOO vuelve a exigir al ministro Catalá y a todas las CCAA con competencias transferidas la devolución inmediata, y a todo el personal de la Administración de Justicia de toda España, de la totalidad de dicha paga, y les emplaza, en caso de no hacerlo de inmediato, a dar las explicaciones de los motivos por los que incumplen sistemáticamente la Constitución cuando se llenan la boca en defenderla públicamente cuando jamás la cumplen cuando su observancia pone sus oscuros intereses al descubierto.
Este auto pone de manifiesto con mayor contundencia la hipocresía del Gobierno cuando anuncia la miserable devolución del 24,04% de dicha paga en 2015
¡Por la restitución de todos nuestros derechos!
¡Recuperemos todos los derechos que nos han robado los gobiernos desde 2010!
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