A la Ministra y a Protección de Datos

A la Ministra y a Protección de Datos

La encomienda de gestión efectuada a la empresa Tragsatec para trasladarle los 150.000 expedientes que constituían en su momento la bolsa de atraso del Fondo de Garantía Salarial y con ello todo el trabajo de reconocimiento de derechos económicos que corresponden a dichos expedientes, sigue siendo un completo misterio.

Cabía esperar la máxima trasparencia. Con la excusa de la excepcional situación que se da alrededor de FOGASA se han privatizado tareas y funciones que corresponden a elementos medulares de la función que le toca realizar a la Administración General del Estado.

El coste no es una anécdota. Aunque no lo conocemos con exactitud, como todo lo que está referido a esta contratación es un misterio, podemos extraerlo de las diferencias que se observa en la Ley de Presupuestos en alguno de los conceptos que corresponde al Organismo, en concreto al de Estudios y trabajos técnicos que en 2014 recoge un total de 6.158.330 Euros. Si comparamos el mismo presupuesto en el año 2013 que era de 2.326.380 Euros, podemos aventurar el coste de la resta de los conceptos, 3.831.950 Euros.

E insistimos no es una anécdota, y para situarse indicar que el coste total de personal en el año 2014 es de 13.777.000 Euros. Por lo tanto, lo de Tragsatec supone al menos un 28% del total del gasto en personal.

Pero no solo son las tareas que se privatizan, no solo es el coste que tiene, estamos tratando datos de carácter personal de la ciudadanía, datos sensibles de explotar y en donde se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de trabajar con los mismos y garantizar que únicamente dicha información se destina a los objetivos para los que han sido proporcionados por las personas físicas o jurídicas que han solicitado servicios del Fondo de Garantía Salarial. ¿Tenemos alguna garantía sobre ello? ¿Nos consta algún tipo de protocolo que evite un funcionamiento indeseado de la empresa contratada? ¿Tenemos algo? Nada. Y cuidado, porque dentro de nuestro trabajo, lo queramos o no, y tras el sistema impuesto desde la dirección de Fogasa, estamos ante la obligación de colaborar, directa o indirectamente, con esta empresa.

No acaba aquí la cuestión, la aplicación de los principios recogidos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, también generan más de una incertidumbre dentro del proceso diseñado para externalizar el trabajo de reconocimiento del trabajo acumulado.

Todo ello nos lleva a solicitar a la dirección de FOGASA, a la Secretaría de Estado de Empleo y a la propia Ministra de Empleo y Seguridad Social, la encomienda de gestión que se concretó y las garantías que en la misma se han recogido para evitar las múltiples cuestiones que a fecha de hoy siguen en una situación de incertidumbre inadmisible.

En caso de negativa o de silencio, desde la Sección Estatal de CC.OO. realizaremos la correspondiente denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.

Os seguiremos informando.

Un saludo.