El Tribunal
Supremo cuestiona la constitucionalidad del recorte de la paga extra al
Personal Funcionario
CCOO
demanda al Gobierno un proceso de negociación urgente que permita recuperar el
empleo y las condiciones laborales recortadas con la excusa de la crisis.
El
Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con el apoyo
favorable del Ministerio Fiscal, ha resuelto por unanimidad plantear al
Tribunal Constitucional cuestión de constitucionalidad por posible infracción
de la aplicación retroactiva de la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre de 2012 al personal funcionario de las administraciones públicas. El
pleno, en su auto de 2 de abril de 2014, notificado ayer a las partes, plantea
la cuestión en relación con el recurso interpuesto por un funcionario del
Tribunal Constitucional.
El
sentido del auto cuestiona la aplicación retroactiva de la supresión de la paga
efectuada en el sector público, por posible contravención tanto de la
irretroactividad de derechos individuales que garantiza el artículo 9.3 de la
Constitución, como por posible vulneración del principio de seguridad jurídica
del mismo artículo 9.3, mediante modificación extraordinaria de derechos y
normas consolidadas.
El
auto contiene, adicionalmente, la concreción del sistema de devengo del derecho
correspondiente, dejando claro que, con carácter general, éste se extiende
desde el 1 de junio de 2012 hasta el 15 de julio del mismo año, incluyendo
cuarenta y cuatro días de retribución.
Este
auto se une a otros muchos pronunciamientos que se vienen produciendo en el
conjunto del Estado, tanto en jurisdicción social como contenciosa, que
reconocen el derecho al cobro de la citada parte proporcional. Este derecho ya
lo han reconocido varias administraciones autonómicas y locales que han
acordado con las organizaciones sindicales su abono.
Comisiones
Obreras, sindicato mayoritario en la Función Pública, demanda al Gobierno un
acuerdo urgente con la representación sindical en el sector público que permita
hacer efectivo el derecho de las empleadas y empleados públicos que se viene
reconociendo ampliamente, al tiempo que posibilita la suspensión de las enormes
cantidades de acciones judiciales que se siguen tramitando con idéntica
pretensión en todo el Estado. Igualmente, CCOO exige que se abra un proceso de
negociación en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas
que permita recuperar el empleo y las condiciones laborales y salariales
recortadas por los sucesivos gobiernos desde el inicio de la crisis
Seguiremos
informando
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